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ADEPA deploró la condena a prisión del director del diario Hoy de Quito
Comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
Se acaba de agregar un capítulo a la oscura saga de persecución contra la prensa en Ecuador. Jaime Mantilla Anderson, director del diario Hoy, fue condenado a tres meses de prisión en una causa promovida por Pedro Miguel Delgado, presidente del directorio del Banco Central ecuatoriano y primo del presidente Rafael Correa.
Delgado demandó a Mantilla por injuria a raíz de una serie de publicaciones referidas a la influencia que tenía el primero dentro del gobierno. En las democracias modernas, el derecho a reclamar por parte de funcionarios públicos, respecto de eventuales informaciones inexactas u opiniones agraviantes, se subordina a la libertad de prensa. Aquellos países que pretenden sostener regímenes auténticamente democráticos, los cuales implican un periodismo que se desarrolle con libertad e independencia, deben despenalizar las figuras de la calumnia y la injuria para el caso de los funcionarios.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el reciente fallo del caso de la revista argentina Noticias, estableció que “quienes desarrollan actividades e influyen en situaciones de interés público deben estar más expuestos al debate y escrutinio público que los privados, pues dicha exposición es esencial para el funcionamiento de la democracia”. La crítica, en síntesis, es una carga de la función pública.
Este nuevo atropello se suma a una larga serie de ataques impulsados por el gobierno de Rafael Correa, entre los que sobresalen la condena a tres años de prisión y la indemnización de 40 millones de dólares impuestas a los directivos y a un periodista del diario El Universo, y la demanda por 10 millones dólares contra los autores del libro El Gran Hermano.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su profunda preocupación por la grave situación que vive la prensa ecuatoriana y deplora las arbitrarias medidas, como la que hoy sufre Jaime Mantilla, con las que el gobierno intenta someterla.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
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